Ciudad de Apache Junction

Si se aprueba, la Proposición 133 enmendaría la Constitución de Arizona para garantizar que cualquier ley de elecciones primarias directas promulgada por la legislatura anule las cartas constitutivas, leyes, ordenanzas o políticas de la ciudad. También cambia los requisitos para los candidatos en las elecciones primarias directas. Esta medida obliga a los contribuyentes a financiar las elecciones primarias de los principales partidos políticos, incluidos aquellos no afiliados a estos partidos, como los independientes. También infringe en la capacidad de las ciudades para gestionar las elecciones locales de la mejor manera que se ajuste a sus comunidades y pone fin a su capacidad de llevar a cabo elecciones no partidistas. Al imponer un sistema mandatado legislativamente, los gobiernos locales perderían la flexibilidad para establecer normas electorales adaptadas a sus necesidades específicas. Este enfoque de arriba hacia abajo debilita el control local y establece un peligroso precedente de un mayor control legislativo sobre los gobiernos locales. La burocracia adicional de un proceso electoral mandatado por el estado podría complicar la administración de las elecciones, lo que llevaría a ineficiencias y confusión mientras los funcionarios locales intentan navegar entre mandatos conflictivos entre las políticas estatales y locales. Vote No en la Proposición 133 para proteger las elecciones primarias de Arizona del control legislativo y garantizar que los votantes puedan elegir candidatos para las elecciones generales que realmente representen sus valores.

Si se aprueba, la Proposición 134 aumentará el costo para que los ciudadanos reúnan firmas para iniciativas, probablemente elevando el costo a más de $25 millones para cualquier iniciativa. Excluirá la mayoría de los esfuerzos liderados por ciudadanos.

La constitución de Arizona permite a la gente participar en la democracia directa a través de medidas electorales iniciadas por ciudadanos donde los votantes pueden recopilar firmas, enmendar leyes estatales o desafiar nuevas leyes cuando creen que nuestros representantes no lo han hecho bien en el capitolio. El proceso de iniciativa ciudadana es una parte clave de la democracia de Arizona que nos ha permitido aumentar el salario mínimo, obtener licencia familiar remunerada para todos los trabajadores, aumentar la financiación para la educación y legalizar la marihuana recreativa cuando la legislatura no ha actuado.

En la última década, el proceso de iniciativa electoral se ha vuelto cada vez más difícil de navegar. Este es el último intento flagrante de eliminar una forma importante para que los votantes participen en la democracia y propongan cambios a las leyes estatales y la Constitución de Arizona.

Actualmente, el requisito para el número de firmas necesarias para ser colocadas en la boleta electoral es a nivel estatal: las firmas deben ser recopiladas por el 15% del número de personas que votaron en la última elección para gobernador para una enmienda constitucional, el 10% para crear una nueva ley estatal o enmendar una ley existente, o el 5% para desafiar una nueva ley.

Esta proposición mantendría el mismo porcentaje de votantes pero requeriría que provengan de los 30 distritos legislativos del estado. En resumen, cambia las reglas del juego y dificulta responsabilizar al gobierno estatal. Este nuevo requisito de firmas hará que sea más difícil que las iniciativas lideradas por votantes aparezcan en la boleta y centralizaría más poder en manos de los funcionarios electos y menos poder en manos del pueblo.

El poder del proceso de iniciativa ciudadana radica en el hecho de que casi cualquier grupo de votantes de Arizona puede unirse para llevar un tema a la boleta. La Propuesta 134 cambiaría el proceso para que solo los ultra-ricos y poderosos grupos de interés especiales puedan recopilar suficientes firmas para llevar una pregunta a la boleta. La Propuesta 134 hace que, en lugar de alcanzar un umbral general de firmas, llevar una pregunta a la boleta requiera una cantidad irreal por distrito legislativo.

Los ultra-ricos con poder político y los grupos de interés especiales no son un reflejo real de los votantes de Arizona. No deberían ser los únicos que pueden permitirse llevar importantes prioridades a la boleta estatal.

Vota NO en la Propuesta 134 para proteger el derecho de los arizonenses a proponer y aprobar nuevas leyes y enmiendas constitucionales nosotros mismos, como el derecho a tener un aborto.

Si se aprueba, la Proposición 135 enmendaría la constitución estatal para limitar los poderes del gobernador durante un estado de emergencia.

Actualmente, el gobernador tiene plena autoridad sobre las agencias estatales y puede dirigirlas para que utilicen equipos, instalaciones y personal para prevenir o aliviar los daños causados por la emergencia. También se le otorgan poderes para restablecer servicios para la salud y seguridad de los ciudadanos de Arizona.

Esta medida terminaría los poderes de emergencia del gobernador 30 días después de ser declarados. No permitiría al gobernador declarar un nuevo estado de emergencia basado en las circunstancias originales y en su lugar requeriría que el gobernador busque la autorización de la legislatura para extender sus poderes o otorgar un plazo más largo.

Los poderes de emergencia son para circunstancias especiales como desastres naturales o provocados por el hombre y se utilizan solo cuando la salud y seguridad de los habitantes de Arizona están en riesgo. Existen porque la gestión de crisis por un comité nunca funciona. Traer la política a una situación de emergencia es una forma segura de minimizar la atención y maximizar los sobornos desarrollados en acuerdos en secreto.

Vota No en la Proposición 135 para proteger la salud y seguridad de todos los habitantes de Arizona.

Si se aprueba, la Proposición 136 enmendaría la Constitución de Arizona para permitir demandas contra iniciativas de votación ciudadana antes de que lleguen siquiera a la boleta electoral. El proceso de iniciativa ciudadana de Arizona ya cuenta con estrictas salvaguardias para garantizar que las medidas propuestas cumplan con todos los requisitos antes de ser incluidas en la boleta. Estas incluyen reglas rígidas que rigen las firmas de peticiones, quién puede llevar peticiones y la posibilidad de que los encuestadores sean citados a comparecer ante el tribunal para demostrar que su trabajo fue legítimo. El proceso de iniciativa ciudadana es un pilar de la democracia de Arizona. Permite a los votantes influir directamente en el futuro del estado en cuestiones críticas como la financiación de la educación, los aumentos del salario mínimo o enmiendas constitucionales como el derecho al aborto. Este proceso históricamente ha hecho que Arizona sea más equitativo y justo. La Proposición 136 debilitaría este proceso al permitir que intereses especiales, cabilderos corporativos y la legislatura estatal presenten demandas costosas contra peticiones lideradas por ciudadanos antes de que los votantes tengan la oportunidad de opinar. Esto es parte de un esfuerzo continuo para erosionar el poder de los ciudadanos de Arizona. Vote No en la Proposición 136 para defender la capacidad de los arizonenses de asegurar que el gobierno estatal sirva al pueblo, no a intereses especiales.

Si se aprueba, la Proposición 137 enmendaría la Constitución de Arizona para eliminar la capacidad de los votantes de responsabilizar a los jueces al eliminar el proceso de retención judicial para los jueces de la Corte Suprema estatal, los jueces de la Corte de Apelaciones y los jueces en los condados de Coconino, Maricopa, Pima y Pinal. Esto permitiría a los jueces recibir nombramientos de por vida, reduciendo la transparencia y dificultando que el público garantice la responsabilidad judicial. Si se aprueba, la Proposición 137 se aplicaría retroactivamente a las elecciones de noviembre, potencialmente anulando las decisiones de los votantes de no retener a ciertos jueces. Esta medida parece estar dirigida a proteger a los jueces que están en proceso de retención este año y que respaldaron la prohibición del aborto de 1864 previa a la estadidad. Durante más de 50 años, la constitución de Arizona ha permitido a los votantes responsabilizar a los jueces a través de elecciones de retención. Estas elecciones son una herramienta democrática vital, asegurando que los jueces sirvan al interés público en lugar de agendas personales o políticas. Ayudan a prevenir que los tribunales se politizan en exceso al garantizar que las decisiones estén fundamentadas en la ley, no en presiones externas. Actualmente, el gobernador nombra a los jueces de una lista de nominados no partidista, y esos jueces deben presentarse a la retención después de su primer mandato. Los jueces de primera instancia se enfrentan a los votantes cada cuatro años, mientras que los jueces de apelaciones y de la Corte Suprema se enfrentan a los votantes cada seis años. La Proposición 137 eliminaría estas elecciones y otorgaría a los jueces nombramientos de por vida. Bajo el nuevo sistema, los jueces solo serían destituidos si son condenados por un delito grave o después de una revisión de desempeño negativa por una comisión, privando al público de la capacidad de votarlos. En 2016, el entonces gobernador Doug Ducey amplió la Corte Suprema estatal de cinco a siete escaños, consolidando una mayoría conservadora. Desde entonces, la corte ha tomado varias decisiones políticamente cargadas que han amenazado la financiación de las escuelas públicas, los derechos de voto y las protecciones de los trabajadores. Eliminar las elecciones de retención debilitaría la judicatura de Arizona al eliminar un mecanismo clave de responsabilidad. Preservar estas elecciones es esencial para mantener la integridad judicial y defender los principios democráticos. Los habitantes de Arizona merecen un sistema judicial y político que siga siendo responsable ante el público, no ante intereses especiales. Un voto en contra de la Proposición 137 asegurará que los votantes sigan teniendo voz en quién permanece en el tribunal.

Si se aprueba, la Proposición 138 permitiría a restaurantes y bares reducir los salarios de los empleados que reciben propinas en un 25% por debajo del salario mínimo estatal, profundizando las luchas económicas que enfrentan los trabajadores. La ley de Arizona permite a los empleadores pagar a los trabajadores que reciben propinas hasta $3 menos por hora que el salario mínimo estatal ($14.35 en 2024), siempre y cuando las propinas lleven sus ganancias al menos al salario mínimo. La Proposición 138 reduciría aún más esta brecha salarial, permitiendo a los empleadores pagar a los trabajadores que reciben propinas un 25% menos que el salario mínimo, siempre y cuando sus salarios combinados y propinas superen el salario mínimo en al menos $2 por hora. (La proposición no proporciona fondos adicionales para información o cumplimiento, por lo que la mayoría de los meseros solo verán que sus cheques se reducen sin poder determinar si se ha cumplido la fórmula compleja para permitir una reducción del 25% en lugar de una reducción de $3). Esta medida empeoraría la seguridad financiera de los trabajadores que reciben propinas en Arizona, quienes ya enfrentan dificultades para ganar un salario digno. La Proposición 138 crea un sistema salarial escalonado más complicado, reduciendo aún más el salario base y obligando a los trabajadores a depender aún más de propinas impredecibles. Los trabajadores que reciben propinas en Arizona ya ganan $3 menos que los trabajadores que no reciben propinas. Al reducir aún más el salario mínimo para los trabajadores que reciben propinas, la Proposición 138 ampliaría esta brecha salarial y aumentaría las tasas de pobreza entre los trabajadores que reciben propinas. Los datos muestran que en estados con brechas salariales más grandes entre empleados que reciben propinas y empleados que no reciben propinas, las tasas de pobreza entre los trabajadores que reciben propinas son significativamente más altas. En Arizona, los trabajadores que reciben propinas experimentan una tasa de pobreza del 9.8%, en comparación con el 5.5% de los trabajadores que no reciben propinas. Para las mujeres en posiciones que reciben propinas, la tasa de pobreza es aún mayor, con un 10.8%. La Proposición 138 exacerbaría estas disparidades, especialmente para las mujeres, que representan casi el 70% de los trabajadores que reciben propinas. La Proposición 138 perjudica desproporcionadamente a las mujeres y personas de color, que están sobre representadas en posiciones que reciben propinas. Estos trabajadores ya enfrentan vulnerabilidades económicas, y la proposición dejaría sus ganancias más dependientes de la discreción de los clientes, a menudo influenciada por prejuicios, en lugar de salarios justos garantizados. La Proposición 138 cuenta con el respaldo de la industria de restaurantes, que tiene una larga historia de oponerse a salarios justos y beneficios para sus trabajadores, incluidos esfuerzos para bloquear el aumento del salario mínimo aprobado por los votantes en 2016. Esta proposición sirve a sus intereses al reducir costos laborales a expensas de los medios de vida de los trabajadores, profundizando aún más las desigualdades sistémicas. Todos los trabajadores merecen un salario digno, especialmente a medida que el costo de vida continúa aumentando. La Proposición 138 empujaría a los trabajadores que reciben propinas en Arizona hacia una mayor inestabilidad financiera, profundizando la pobreza y ampliando la brecha salarial entre los trabajadores que reciben propinas y los que no. Las leyes laborales deben proteger a los trabajadores, no los beneficios corporativos. Vote No en la Proposición 138 y apoye a los trabajadores que reciben propinas en Arizona.

La Proposición 139 convertiría el acceso al aborto en un derecho constitucional en Arizona.

Actualmente, la ley de Arizona limita el aborto a las primeras 15 semanas de gestación sin excepciones para las víctimas de violación o incesto. Esta ley fue aprobada en 2022 por la legislatura estatal. Los médicos que realicen un aborto más allá de este plazo gestacional, excepto para prevenir la muerte o lesiones de un paciente, enfrentarían un delito grave de clase seis, que podría resultar en una sentencia de prisión de hasta dos años.

La Proposición 139 establece explícitamente que cada habitante de Arizona tiene un derecho fundamental al aborto. Prohibiría cualquier ley, regulación o política que niegue, restrinja o interfiera con el acceso al aborto antes de la viabilidad fetal (cuando un médico cree que un feto puede sobrevivir por sí solo fuera del útero) sin una razón convincente para hacerlo y de la manera menos restrictiva posible. También restringe cualquier ley que niegue el acceso al aborto después de la viabilidad fetal que sea necesario para proteger la vida o la salud mental del paciente. Finalmente, evita que el estado penalice a cualquier persona que ayude a otra persona a ejercer su derecho al aborto.

¡Vote SÍ a la Proposición 139 para garantizar su libertad de tomar sus propias decisiones de atención médica!

Si se aprueba, la Proposición 140 alteraría fundamentalmente el sistema electoral de nuestro estado y debilitaría las voces de los votantes de Arizona.

Si se aprueba, la Proposición 140 reemplazaría las primarias partidistas con primarias en las que todos los candidatos aparecen en una sola papeleta en la primaria. Independientemente de la afiliación partidista, los candidatos con más votos en la primaria calificarían para continuar en la papeleta de noviembre. En muchas áreas de Arizona, adoptar este nuevo sistema podría resultar en que ningún candidato demócrata avance a la papeleta en las Elecciones Generales. Los intereses de grandes empresas podrán comprar la papeleta de noviembre. Con la financiación de la educación pública, el acceso a la atención médica reproductiva, la escasez de viviendas y los costos crecientes, debemos asegurarnos de mantener la representación de estos valores en nuestros funcionarios electos.

Vota No a la Proposición 140 para proteger los valores progresistas en la papeleta.

Si se aprueba, la Proposición 312 permitiría a los propietarios de propiedades en Arizona solicitar un reembolso del impuesto sobre la propiedad si la ciudad en la que residen no logra eliminar efectivamente la falta de vivienda al hacer cumplir las leyes contra cosas como acampar en público o tener un letrero pidiendo ayuda en una intersección. Obligaría a las ciudades y pueblos a criminalizar a las personas por no tener un hogar y desviar recursos lejos de la vivienda asequible y refugios. 

Esta proposición socavaría la financiación que los municipios necesitan para ayudar a las personas sin hogar y que a menudo sufren de condiciones de salud mental. También establece un punto de referencia de política pública que contempla un camino para la gestión vigilante de la comunidad de personas sin hogar en Arizona. 

Vota No a la Proposición 312 para asegurar que los gobiernos locales tengan los recursos que necesitan para ayudar a las personas sin hogar y a aquellos que necesitan atención de salud mental. 
 

Escrito: Si se aprueba, la Proposición 313 aumentaría las sentencias mínimas obligatorias ineficaces. Esta proposición requeriría que los adultos condenados por trata de personas de un menor, incluidas las víctimas de trata de personas, fueran condenados a cadena perpetua natural sin posibilidad de liberación. Esta proposición podría involuntariamente afectar a menores que son víctimas de trata de personas. Los expertos en trata de personas saben que las víctimas han sido utilizadas para coaccionar a otras víctimas a entrar en el comercio.


Según la ley actual, la sentencia presuntiva para una primera ofensa es de 20 años por cargo, con cada cargo requerido para ser consecutivo a cualquier otro. La importancia de darle discreción a un juez sobre la sentencia es que el castigo puede ajustarse para cumplir con la gravedad del delito, algo más allá del alcance de un enfoque de "talla única".


¡Vote NO a la Proposición 313 para darle discreción a los jueces en la sentencia de víctimas de trata de personas!

Si se aprueba, la Proposición 314 criminalizaría a los inmigrantes indocumentados, convirtiéndolo en un delito estatal para cualquier persona sin estatus legal ingresar a Arizona fuera de un puerto de entrada. La medida afirma abordar la seguridad fronteriza y la epidemia de fentanilo, pero no aborda los problemas fundamentales de ambas crisis. Arraigada en el racismo, esta medida mal elaborada no tiene límites geográficos ni protecciones para las personas que pueden calificar para un estatus legal bajo la ley federal, incluidas las personas que buscan asilo. Si la Proposición 314 entra en vigencia, los arizonenses serán perfilados y acosados ​​basados en el color de su piel. Esto conduciría a violaciones de los derechos civiles, violencia escalada hacia las comunidades de color, así como dañaría la economía de Arizona, repitiendo el daño causado por la SB1070 hace casi 15 años. Bajo la Propuesta 314, personas de todas las edades, incluidos niños y ancianos, podrían enfrentar arrestos en cualquier lugar, incluidos lugares destinados a ser refugios como escuelas, lugares de culto y hospitales. Los padres detenidos serían separados de sus hijos, ya que las cárceles locales no permiten que los menores sean detenidos con adultos. También ataca el proceso de asilo, evitando las protecciones federales destinadas a salvaguardar a aquellos que huyen de la persecución. La Proposición 314 también impone un mandato no financiado, cuyo costo total se estima en más de $300 millones, a los gobiernos locales y a las fuerzas del orden, obligando a las ciudades y condados a asumir las responsabilidades de aplicación de la ley de inmigración federal. En ausencia de una fuente de financiamiento identificada, los contribuyentes de Arizona se verán obligados a asumir la carga, y las jurisdicciones locales tendrán que desviar recursos de otros servicios esenciales para cumplir con este mandato no financiado. Vote No en la Proposición 314 para proteger a las familias de Arizona del perfil racial y detenciones injustas.

Si se aprueba, la Proposición 315 requeriría que la legislatura apruebe ciertas reglas hechas por agencias estatales. Estatutariamente evitaría que una nueva regla entre en vigor si aumentara los costos regulatorios en más de $100,000. Si una nueva regla propuesta aumentara los costos regulatorios en más de $500,000, requerirá la aprobación de la legislatura para entrar en vigor.

Bajo la ley actual, si una agencia estatal desea desarrollar una nueva regla dentro de su ámbito de competencia, debe permitir comentarios públicos durante al menos 30 días antes de enviarla para su aprobación al Consejo de Revisión Regulatoria del Gobernador (GRRC). También es revisado por el Comité de Supervisión de Reglas Administrativas de la Legislatura para asegurarse de que cumple con la ley.

La creación de reglas por parte de las agencias ejecutivas es importante para un gobierno estatal funcional. A menudo, los legisladores no tienen la experiencia adecuada para determinar si se necesita una nueva regla o cómo debe implementarse. El proceso de creación de reglas permite la participación directa del público y el uso de las mejores prácticas, y permite que se traigan expertos para temas complejos e importantes, como cómo garantizar agua limpia adecuada, ciberseguridad para presentar impuestos electrónicamente, o utilizar las mejores prácticas para garantizar la salud pública, como ejemplos. Estas agencias llevan a cabo el negocio diario de administrar el gobierno y emplean a profesionales de carrera para llevar a cabo esta tarea.

Vota No en la Proposición 315 para mantener la política legislativa fuera de la administración del gobierno estatal.